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carta del maes al narcogobierno

Ciudad de México, 20 de junio de 2013

Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Educación Pública

Dr. Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior

Dr. Rodolfo Tuirán
Subsecretario de Educación Media Superior

Por octavo año consecutivo, los que conformamos el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) nos presentamos frente a las instalaciones de esta Secretaría para exigir, nuevamente, una solución real al grave problema de la falta de lugares en la educación superior.

A lo largo de estos 8 años hemos sido testigos de distintas iniciativas, impulsadas por las autoridades educativas, que no han tenido un impacto positivo en el aumento de la cobertura ni en la ampliación de la oferta académica. Desde el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior hasta la Feria de Educación Superior «Más Opciones» en la biblioteca Vasconcelos, las ofertas oficiales comparten un común denominador: Ignoran las necesidades y expectativas de los jóvenes mexicanos, aspirantes a la educación superior.

Ayer 19 de junio, el Dr. Fernando Serrano Migallón, subsecretario de educación superior, hizo público el «nuevo» Programa Emergente de Matrícula de Educación Superior para el Ciclo Escolar 2013-2014, que consiste –según él mismo afirma– en el «incremento en la oferta educativa de nivel superior en 36 mil 376 espacios».

Anuncia en primer lugar la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y otras universidades públicas para después decir que «quizá […] son las que van a tener un impacto menor en el incremento que se propone, precisamente porque su capacidad está saturada». Ello quiere decir que los «8 mil 212 lugares adicionales en la modalidad presencial» de los que hablan serán ofertados principalmente en el subsistema tecnológico de la SEP, entonces, ¿qué tiene eso de nuevo?

La oferta de 5 mil 270 lugares distribuidos en 13 instituciones particulares, parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), con una colegiatura especial de mil pesos mensuales tampoco es nueva. Existe, cuando menos, desde hace 5 años, fecha desde la cual han venido ofreciéndola en la mesa de diálogo entre las autoridades educativas y el MAES.

En realidad el verdadero incremento está en la educación a distancia, que ofertará 22 mil 894 lugares, principalmente en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La UNAD no ofrece la carrera de Medicina, pero sí la de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas; no existe Arquitectura ni Urbanismo, pero sí Logística y Transporte y Seguridad Pública; no hablemos de Artes, Historia o Ciencias Políticas, esas no son las «carreras innovadoras e imprescindibles para el desarrollo a corto y mediano plazo de nuestro país» que refiere el subsecretario en sus declaraciones.

Así pues, lo que ha sido anunciado como «por primera vez una solución objetiva a la falla que hay» no es otra cosa que más de lo mismo.

Esta y otras medidas, en tanto no son más que paliativos, no resuelven el problema de raíz sino que constituyen un nuevo mecanismo de exclusión, ya que sólo se habla de 36 mil 376 espacios en el nivel superior, mientras que la cifra de rechazados alcanza los 200 mil y, peor aún, cuando sólo un poco más del 20% se contempla dentro de las carreras presenciales de las universidades públicas. 

Aun cuando los resultados de los concursos de ingreso de este año no han sido publicados, nada hace pensar que las cifras de rechazados serán menos dramáticas que las de 2012, año en que la suma de rechazados entre las 3 principales instituciones (UNAM, UAM e IPN) llegó a más de 318 mil . Tomando en cuenta que un buen número de aspirantes presenta el examen para más de una institución, nosotros calculamos en 200 mil el número de rechazados del área metropolitana. ¿Por qué la subsecretaría y las instituciones no se juntan para darnos una cifra oficial?

Se equivoca el subsecretario cuando dice que esta será una solución para el 30% de los rechazados, ya que, en el mejor de los casos, representará una alternativa para menos del 20%.

Y, ¿por cierto?, ¿cómo harán los estudiantes que quieran tomar una de esas opciones?, ¿Cómo serán seleccionados los 36 mil de ese universo de 200 mil?

Entre todo lo dicho ayer, consideramos necesario reconocer el «esfuerzo adicional» que han hecho las instituciones para ofrecer lugares, así como la labor de la SEP al convocarlas. Reconocemos también que el antecedente inmediato de estos esfuerzos ha sido justamente la mesa de diálogo que se ha instalado a petición del MAES por 7 años ya, convocada por la secretaría, a la que han asistido representantes de las principales instituciones de educación superior del área metropolitana.

Lo importante, pensamos nosotros, es que este esfuerzo se vea traducido en resultados concretos para la vida del conjunto de los aspirantes y sus familias, más allá de declaraciones espectaculares.

No sólo se trata de ofertar más lugares, sino que hay que atacar las causas que han provocado que nos encontremos en esta condición. Hace ya casi 40 años que no se crea ninguna institución pública de educación superior; la matrícula de las universidades, si bien ha comenzado lentamente a recuperarse, se mantuvo estancada por 3 décadas, mismas en las que las escuelas «patito» han proliferado, al grado de que hoy las escuelas privadas representan a más del 64% de las instituciones de este nivel educativo.

Por si fuera poco, el estado no ha invertido más que en la creación de Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas, escuelas que por su modelo académico no representan una alternativa viable para la mayoría de los aspirantes y a las que año con año insisten en enviarnos.

La oferta que hoy hacen de inscribirnos en educación a distancia, lo hemos repetido hasta el hartazgo, no debe ser vista como «la» alternativa ante la falta de oportunidades para ingresar a la educación superior. La nuestra es una generación que ha nacido en un mundo dirigido por las computadoras; no le tenemos «miedo» a la tecnología, sino que la aprovechamos. Sin embargo, queremos educarnos, como todos los demás, apoyándonos en los recursos que los avances tecnológicos han aportado, pero con el acompañamiento de maestros preocupados por nuestra formación, con las discusiones en clase, con las bibliotecas y los espacios deportivos, en fin, con el espacio de socialización que para todos nosotros representa la escuela.

Las joyas de las políticas educativas neoliberales son los exámenes estandarizados que, a pesar de que han sido presentados como solución para cualquier problema de medición, se han visto fuertemente cuestionados en los últimos meses. De acuerdo con las declaraciones de dos altos funcionarios educativos, las pruebas estandarizadas más icónicas podrían desaparecer en el corto plazo, tal es el caso de la prueba ENLACE y el llamado Examen Único pues el propio secretario de educación pública y la directora general del IPN han declarado, cada uno por su parte que una y otra deben reconsiderarse.

El MAES tuvo acceso a la resolución por disposición 1/2011 del expediente CONAPRED/DGAQR/419/08/DR/II/CHIS/R289 la cual, sobre la aplicación de la prueba ENLACE en comunidades indígenas de Chiapas, resuelve que «en el área de la Secretaría de Educación Pública responsable de diseñar e implementar la primera versión de la prueba ENLACE como un medio de evaluación estandarizado en todo el país, se generó un acto de discriminación indirecta» y luego explica que

la forma de discriminación que se denomina indirecta es relativa a la conformación histórica de las normas, rutinas o prácticas y políticas en instituciones públicas o sociales, que pueden derivar como efecto estructural el mantener y profundizar las circunstancias de desventaja del grupo que la sufre, pues “naturalizan” la estigmatización y contribuyen a reproducir el orden discriminatorio de la sociedad como un todo convirtiéndose en estructural, porque ese conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social generalmente afectan a grupos o comunidades en extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad o en desigualdad social, y su normalización puede ocasionar efectos aún más graves que una discriminación directa, porque además del daño que causa a los derechos del grupo que la sufre, da un trato que parece equitativo al partir de condiciones de similares (que no toman en cuenta las diferencias), y por ello no es perceptible como un acto de discriminación.

Los exámenes estandarizados una y otra vez evalúan con pretendida igualdad condiciones sociales radicalmente diferentes, el propio CENEVAL ha afirmado, respecto del llamado Examen Único que «se observa, en términos generales, que a mayor ingreso familiar se obtiene un mayor porcentaje de aciertos» (Informe de Resultados 1994, CENEVAL, AC, p. 29). Las cifras que emanan de las diferentes aplicaciones de los exámenes de selección para ingresar a las universidades expresan la misma situación.

Por todo lo anterior, ¿no sería un buen comienzo revisar y adecuar los mecanismos de ingreso para encontrar uno más justo, equitativo y no discriminatorio?

En lo que se refiere a la educación media superior el problema es aún más evidente, ya que desde febrero de 2012 este nivel educativo es considerado por la constitución como obligatorio. Con la reforma constitucional, se vuelve evidentemente ilegal el hecho de que sea un examen con estas características el que defina la asignación a una escuela, que se exija pagar una cuota para presentarlo y finalmente para inscribirse en una opción no deseada.

Por cierto, contra la violación a los derechos humanos que representa el Examen Único, aspirantes a la educación media, así como representantes del MAES, hemos interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consta en el expediente CNDH/2/2013/557/Q, la cual se encuentra en curso.

Así pues, los integrantes del MAES estamos preocupados por la indolencia de las autoridades frente al problema estructural que enfrentamos. Para nosotros la solución no está en conferencias de prensa que, con cifras maquilladas, no anuncian nada nuevo. La cooperación entre las instituciones y la secretaría es positiva, pero lo será aún más en la medida en la que también escuchen la voz de los excluidos y sus familias.

Por lo anterior, nos presentamos hoy aquí para demandar que en lo inmediato se convoque a los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma del Estado de México; así como a los directores generales del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para instalar una mesa de diálogo que discuta y resuelva las siguientes demandas:

1. Que se garantice el derecho a la educación media superior y superior pública, gratuita y de alto nivel académico para todos los jóvenes que lo soliciten y que hayan concluido el nivel de estudios inmediatamente anterior.

2. Que se aumente de inmediato la matrícula en la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM, ENAH y en el conjunto de instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en la Ciudad de México y su área metropolitana, hasta lograr el acceso de todos los aspirantes.

3. Que se construyan nuevas instituciones públicas de educación superior que ofrezcan una excelente formación en la docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con el modelo universitario de la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM y ENAH.

4. Que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior y superior. Que se abra un debate público y una consulta democrática para diseñar un nuevo procedimiento, basado en la justicia y la equidad, para el ingreso de todos los aspirantes.

5. Que se aumente de manera inmediata el presupuesto destinado a la educación pública, de tal forma que se garantice un alto nivel académico de las instituciones y el acceso de todos los aspirantes al nivel medio superior y superior.

6. Que se incorpore al Colegio de Bachilleres como sistema metropolitano de bachillerato a la Universidad Autónoma Metropolitana, garantizando el pase directo de los egresados del Colegio de Bachilleres a las licenciaturas de la UAM.

7. Que se incorpore a todos los planteles de carácter técnico del área metropolitana como son el CETIS, el CONALEP y CECYTEM, a un sistema de bachillerato tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, garantizando el pase directo de los egresados de este bachillerato a los estudios profesionales en el IPN.

8. Que las Preparatorias Oficiales del Estado de México y los Colegios de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) se incorporen como parte del bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), garantizando el pase directo de los egresados de este bachillerato a las licenciaturas de la UAEM.

¡PORQUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO!
Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior
MAES

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